Con ocasión de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, la Federación Española de Municipios y Provincias reitera su compromiso con la lucha contra la violencia que se ejerce contra las mujeres, por el mero hecho de serlo y contra sus hijas e hijos, y alerta sobre los riesgos que acechan a las políticas de igualdad.
De forma global, estamos viviendo un momento histórico en el que los esfuerzos para frenar la propagación de la COVID-19 obligan a medidas de confinamiento que han puesto y continúan poniendo en peligro a las mujeres y a sus hijas e hijos, y aumentan el poder y control de quienes convierten los hogares en lugares inseguros. Es urgente combinar las medidas que buscan ralentizar la propagación del virus y la capacidad de respuesta de los sistemas de salud con la erradicación de las conductas que reproducen y perpetúan la desigualdad y con la protección de quienes sufren sus consecuencias.
La pandemia que asola mundialmente a una población asustada e inmersa en la incertidumbre está profundizando la brecha de género tanto en el uso de recursos públicos como en el acceso al empleo, ampliando las dificultades de equilibrio entre la vida personal, profesional y familiar y dificultando la independencia económica de las mujeres. La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestro sistema sanitario y de protección social generando un freno a las políticas transformadoras impulsadas durante la última década y poniendo en riesgo los avances alcanzados en materia de igualdad.
Un riesgo que puede obstaculizar o hacer retroceder los derechos de igualdad alcanzados en nuestro país y repercutir negativamente sus efectos sobre las políticas y avances de igualdad. Este desafío, como ya recoge el documento de Medidas y Propuestas Locales Extraordinarias elaboradas por las Comisiones de Trabajo de la FEMP, pasa por alcanzar una fuerte cooperación y asociación entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil que garantice que la igualdad de género y los derechos de las mujeres continúan en la agenda política como factor esencial para hacer frente a la crisis del COVID-19, a corto plazo, y como elementos clave para favorecer la recuperación social, económica y sanitaria de todas las personas a nivel global, a largo plazo. Es por esto, que la atención y la planificación que deben ofrecer los gobiernos estatales, autonómicos y locales debe incorporar la perspectiva de género y ser, además, una respuesta coordinada, directa y efectiva para todos, haciendo un especial hincapié en las mujeres y las niñas. En este contexto, las administraciones públicas y sus gobiernos deben garantizar la continuidad en la prestación de servicios y poner en marcha soluciones innovadoras que garanticen una respuesta coordinada e integrada que proteja los derechos humanos y la seguridad y recuperación de las víctimas del machismo.
Para ello, los Gobiernos locales reunidos en la FEMP:
– Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad.
– Alertamos sobre el peligro de las políticas de aislamiento y confinamiento que suponen un aumento de los niveles de violencia doméstica, sexual y de género, por lo que requieren una mayor protección.
– Reivindicamos el determinante papel transformador de los Gobiernos locales durante y después de la crisis de COVID-19 a la hora de construir economías y sociedades más igualitarias, inclusivas y sostenibles. – Recordamos que es necesario garantizar que la igualdad de género y los derechos de las mujeres continúan en la agenda política como factor esencial para hacer frente a la crisis del COVID-19, a corto plazo, y como elementos clave para favorecer la recuperación social, económica y sanitaria de todas las personas a nivel global, a largo plazo. – Defendemos la necesidad de promover acciones globales consensuadas que garanticen la continuidad de las políticas dirigidas a la eliminación de las normas sociales discriminatorias y el refuerzo de los programas de prevención y lucha contra la violencia de género.
– Reclamamos una respuesta coordinada que integre la perspectiva de género como hilo conductor el diseño de las soluciones que frenen la crisis económica y social originada por la COVID.
– Demandamos la implementación de proyectos y programas locales que garanticen la igualdad de género en el empleo y el apoyo al espíritu empresarial de las mujeres, como medidas para preservar su independencia económica y prevenir la violencia de género.
– Manifestamos nuestra preocupación por las altas tasas de empleo temporal de las mujeres que, unido a la destrucción y la caída del empleo advierten de un peligroso aumento de la brecha de género.
– Denunciamos la carga que supone para las mujeres las situaciones de “confinamiento selectivo” en el ámbito escolar y respecto a las personas dependientes y las consecuencias que puede tener para el desarrollo óptimo de su carrera profesional generando nuevas formas de violencia social hacia ellas basadas en la reproducción de roles sexistas.
– Ratificamos nuestro compromiso con el Pacto de Estado contra la violencia de género y recordamos la necesidad de continuar avanzando en su desarrollo.
– Exigimos la transferencia de los fondos asignados para el ejercicio 2020 como medio para garantizar la continuidad de la senda de trabajo iniciada.